Por Jorge Eduardo Carranza Piña – Cristian Andrés Carranza Ramírez | 11 de junio del 2026
En principio, una persona que sea colombiana por nacimiento y además tenga ciudadanía estadounidense puede ser Presidente de la República de Colombia, siempre que cumpla las demás exigencias constitucionales: ser ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años. La razón central es que la Constitución colombiana dispone que la calidad de nacional colombiano no se pierde por adquirir otra nacionalidad, y el artículo 191 solo exige, para la Presidencia, ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. En las fuentes oficiales revisadas no aparece una prohibición expresa adicional aplicable, hoy, a un colombiano por nacimiento que además sea ciudadano de Estados Unidos.
El juramento de naturalización estadounidense, por sí solo, no hace perder la nacionalidad colombiana ni crea automáticamente una inhabilidad presidencial en Colombia. Bajo el derecho colombiano, la renuncia a la nacionalidad colombiana requiere un trámite formal ante la Cancillería o un consulado, y se perfecciona mediante el Acta de Renuncia a la Nacionalidad Colombiana. En otras palabras: el texto del juramento estadounidense puede tener carga política y simbólica, pero en Colombia la pérdida o renuncia de la nacionalidad se rige por el derecho colombiano, no por la sola fórmula verbal del juramento extranjero.
La conclusión jurídica, sin embargo, debe formularse con una precisión importante: el artículo 40.7 de la Constitución permite que la ley regule excepciones para el acceso de personas con doble nacionalidad a funciones y cargos públicos, y la Corte Constitucional ha admitido restricciones puntuales para cargos sensibles, como el ingreso a la carrera diplomática y consular. Por eso, la tesis correcta no es que la doble nacionalidad sea siempre irrelevante, sino que no existe hoy una restricción expresa vigente identificada para la Presidencia de la República respecto de colombianos por nacimiento.
La arquitectura constitucional relevante parte de cinco reglas. La primera es el artículo 96, según el cual ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad y la calidad de nacional colombiano no se pierde por adquirir otra nacionalidad. La segunda es el artículo 40.7, que reconoce el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, pero prevé que la ley reglamente la excepción aplicable a colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La tercera es el artículo 99, que exige la calidad de ciudadano en ejercicio para ser elegido y para desempeñar cargos con autoridad o jurisdicción. La cuarta es el artículo 191, que fija las calidades para la Presidencia. La quinta es el artículo 192, que impone el juramento presidencial colombiano al asumir el cargo.
Bajo esa combinación normativa, el caso de la doble nacionalidad no se resuelve con una sola disposición aislada. El artículo 96 protege la continuidad de la nacionalidad colombiana cuando se adquiere otra; el artículo 191 exige ser colombiano por nacimiento para la Presidencia; y el artículo 40.7 deja abierta la posibilidad de que el legislador establezca excepciones puntuales para determinados cargos. La lectura sistemática, por tanto, no conduce a una prohibición general y automática para toda persona con doble nacionalidad, sino a un esquema en el que la restricción debe estar expresamente prevista y ser jurídicamente identificable.
La Ley 43 de 1993, en su diseño histórico, distinguió entre colombianos por nacimiento y por adopción. En lo que aquí interesa, reguló la renuncia a la nacionalidad colombiana por manifestación escrita ante Cancillería o consulados, y estableció restricciones para ciertos cargos reservados a colombianos por nacimiento, así como limitaciones especiales para nacionales por adopción con doble nacionalidad. Esa ley, sin embargo, fue derogada por la Ley 2332 de 2023, cuyo artículo 34 mantiene el principio de que la nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir otra nacionalidad y añade que el colombiano con doble nacionalidad, en Colombia, debe identificarse como colombiano en todos sus actos civiles y políticos; su artículo 35 concentra las restricciones actuales en los naturalizados colombianos, no en los colombianos por nacimiento.
Esa actualización legal es importante para una página web de firma. Si se cita la Ley 43 de 1993 sin aclarar su derogatoria, el texto queda desactualizado. La forma técnica correcta es esta: la Ley 43 de 1993 es antecedente histórico y jurisprudencial; la regla vigente está hoy en la Ley 2332 de 2023. Y, tanto en el régimen histórico como en el vigente, el elemento decisivo para este caso sigue siendo que la persona consultada es colombiana por nacimiento, no por adopción o naturalización colombiana.
Elemento | Fuente | Regla jurídica | Efecto para un colombiano por nacimiento que además sea ciudadano de EE. UU. |
Nacionalidad colombiana por nacimiento | Constitución, art. 96 y art. 191 | La nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir otra nacionalidad; para ser Presidente se requiere ser colombiano por nacimiento | Cumple, salvo que haya mediado renuncia formal a la nacionalidad colombiana |
Ciudadanía en ejercicio | Constitución, art. 99 y art. 191 | Ser ciudadano en ejercicio es condición para ser elegido | Debe verificarse que no exista suspensión de ciudadanía |
Edad | Constitución, art. 191 | Debe ser mayor de 30 años | La doble nacionalidad es irrelevante para este requisito |
Doble nacionalidad | Constitución, art. 40.7 | La ley puede reglamentar excepciones para ciertos cargos | No se identificó una excepción legal expresa vigente para la Presidencia respecto de colombianos por nacimiento |
Actos civiles y políticos en Colombia | Ley 2332 de 2023, art. 34 | El colombiano con doble nacionalidad, en Colombia, debe identificarse como colombiano | En campaña y en trámites electorales debe actuar como colombiano |
Juramento estadounidense | USCIS y derecho colombiano de nacionalidad | El juramento de naturalización tiene relevancia bajo derecho estadounidense, pero la renuncia a la nacionalidad colombiana exige acto formal colombiano | No genera por sí solo pérdida de nacionalidad colombiana ni inhabilidad presidencial |
Fuentes de la tabla: Constitución Política, arts. 96, 99, 191 y 40.7; Ley 2332 de 2023, art. 34; y normativa oficial de naturalización de EE. UU.
El siguiente esquema resume la evolución normativa y jurisprudencial más útil para este tema.
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Hitos relevantes: Constitución de 1991; Ley 43 de 1993; C-151/97; A.L. 1 de 2002; C-601/15; Ley 2332 de 2023.
Este análisis debe construirse a partir de precedentes comparables y principios constitucionales. Los dos fallos más importantes son la Sentencia C-151 de 1997 y la Sentencia C-601 de 2015.
La C-151 de 1997 es el precedente clásico. Allí la Corte sostuvo, en lo sustancial, que si la Constitución dispone que el colombiano por nacimiento no pierde su nacionalidad por adquirir otra, es razonable concluir que tampoco pierde, por ese solo hecho, los derechos civiles y políticos que le reconoce el ordenamiento; de allí que la propia sentencia afirme que los colombianos por nacimiento con doble nacionalidad pueden ocupar cargos públicos. Ese fallo, además, subraya la diferencia entre colombianos por nacimiento y colombianos por adopción.
La C-601 de 2015 matiza y afina la regla. La Corte declaró exequible la exigencia de que quien ingrese a la carrera diplomática y consular sea colombiano por nacimiento y no tenga doble nacionalidad, al considerar que la especificidad de esa carrera —marcada por la imparcialidad, la confidencialidad, la representación internacional y posibles conflictos de interés— puede justificar una restricción legal concreta. Pero la misma línea decisional aclara que la Ley 43 de 1993 no regulaba en general el acceso a cargos públicos de colombianos por nacimiento con doble nacionalidad; la cuestión era si el legislador podía imponer, para un cargo especialmente sensible, una excepción puntual. La respuesta fue sí, para ese ámbito específico.
La consecuencia interpretativa es decisiva: la jurisprudencia colombiana no ha entendido el artículo 40.7 como una prohibición universal, abstracta y automática contra toda persona con doble nacionalidad. Más bien, ha entendido que el legislador puede diseñar restricciones específicas para cargos determinados, siempre que exista justificación constitucional suficiente. En otras palabras, la doble nacionalidad no es jurídicamente invisible, pero tampoco opera como un veto general.
A ello se suma la doctrina reiterada según la cual las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva. Ese principio es particularmente importante en materia electoral y de acceso a cargos públicos, porque impide construir inhabilidades por analogía o por ampliación interpretativa. Si la Constitución y la ley no prevén de manera clara una causal aplicable al cargo presidencial en el caso de un colombiano por nacimiento con nacionalidad estadounidense, no resulta técnicamente correcto “crearla” por extensión del régimen diplomático, del régimen para naturalizados colombianos o del tenor literal del juramento estadounidense.
En el mismo sentido, la doctrina administrativa de Función Pública ha reiterado que los colombianos por nacimiento con doble nacionalidad pueden ocupar cargos públicos, mientras que las restricciones recaen, principalmente, sobre nacionales por adopción o sobre cargos expresamente reservados a colombianos por nacimiento. Estos conceptos no sustituyen a la jurisprudencia ni vinculan a los jueces como una sentencia constitucional, pero sí muestran la lectura administrativa operativa del sistema.
Como fallo comparable adicional, vale contrastar el régimen del Congreso. El artículo 179.7 de la Constitución dice expresamente que no podrán ser congresistas quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento, y el Consejo de Estado ha conocido litigios electorales sobre esa causal. Ese contraste es útil porque demuestra que, cuando el Constituyente quiso regular de forma expresa la doble nacionalidad para un cargo de elección popular, lo hizo con fórmula directa. En la Presidencia, el artículo 191 no contiene una cláusula equivalente de exclusión por doble nacionalidad.
La síntesis doctrinal, entonces, es esta: la tesis más sólida para fines de publicación y de eventual defensa judicial es que un colombiano por nacimiento con ciudadanía estadounidense sí puede aspirar a la Presidencia de Colombia, porque la Constitución le exige ser colombiano por nacimiento, no exclusivamente colombiano; porque la nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir otra; porque las restricciones deben ser expresas; y porque no se identificó una norma vigente que prohíba específicamente ese supuesto para la Presidencia. El principal punto de discusión no es la elegibilidad constitucional de base, sino la gestión práctica de riesgos políticos, documentales, fiscales y de derecho estadounidense.
El juramento de naturalización en Estados Unidos, según la normativa oficial de USCIS, incluye una promesa de lealtad a Estados Unidos y una renuncia de fidelidad a soberanías extranjeras. A la vez, el propio Departamento de Estado explica que el derecho estadounidense reconoce la existencia de la doble nacionalidad, aunque no la fomenta como política pública, y advierte que un doble nacional suele tener derechos y obligaciones en ambos países. Por tanto, el juramento sí tiene peso jurídico en el sistema estadounidense, pero eso no significa que, por sí solo, produzca automáticamente la pérdida de la nacionalidad colombiana.
Desde la perspectiva colombiana, el punto decisivo no es la retórica del juramento extranjero, sino la regla colombiana sobre conservación y renuncia de la nacionalidad. La Constitución dice que la calidad de nacional colombiano no se pierde por adquirir otra nacionalidad, y la Cancillería precisa que la renuncia a la nacionalidad colombiana solo se perfecciona mediante el Acta de Renuncia a la Nacionalidad Colombiana; una vez ejecutoriada esa acta, la persona pasa a ser extranjera frente a las autoridades colombianas. Así, si alguien se naturalizó en Estados Unidos pero nunca tramitó renuncia formal a la nacionalidad colombiana, sigue siendo colombiano por nacimiento para efectos constitucionales colombianos.
Hay, no obstante, una arista poco comentada pero jurídicamente relevante en el derecho estadounidense. El Departamento de Estado señala que aceptar, servir o desempeñar funciones en un cargo o empleo bajo el gobierno de un Estado extranjero puede constituir un acto potencialmente expatriador para un ciudadano estadounidense, si la persona tiene la nacionalidad de ese Estado o si el cargo exige juramento de lealtad a ese Estado. Sin embargo, el mismo Departamento aclara que ello solo produce expatriación si el acto es voluntario y se realiza con intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense. Traducido al caso: llegar a ser Presidente de Colombia podría activar un análisis de nacionalidad bajo derecho de EE. UU., pero no implica pérdida automática de la ciudadanía estadounidense.
En Colombia, el foco está en la nacionalidad por nacimiento, la ciudadanía en ejercicio y la inexistencia de una restricción expresa para la Presidencia. En Estados Unidos, el foco está en si el ejercicio de un alto cargo en un gobierno extranjero, acompañado del juramento colombiano del artículo 192, podría ser leído como una manifestación de intención de retener o abandonar la ciudadanía estadounidense. Esa pregunta exige consejo especializado de derecho migratorio y de nacionalidad estadounidense antes de una candidatura seria.
Tres ejemplos hipotéticos ayudan a fijar la regla. Hipótesis uno: una persona nacida en Medellín, luego naturalizada en EE. UU., conserva cédula, registro civil y nunca firmó renuncia de nacionalidad colombiana. En principio, puede ser candidata presidencial si es ciudadana en ejercicio y mayor de 30 años. Hipótesis dos: esa misma persona sí tramitó ante Cancillería o consulado una renuncia formal a la nacionalidad colombiana; en ese evento, ya no podría ser elegida hasta recuperar la nacionalidad. Hipótesis tres: una persona es colombiana por adopción y además ciudadana estadounidense; en ese caso, el problema no sería la doble nacionalidad en sí misma, sino que el artículo 191 exige ser colombiano por nacimiento, de modo que sería ineligible para la Presidencia.
En el plano práctico, la doble nacionalidad no desaparece solo porque no exista una inhabilidad presidencial expresa. La C-601 de 2015 es muy ilustrativa: la Corte aceptó una restricción basada en razones de imparcialidad, confidencialidad, representación internacional y posibles conflictos de interés en la carrera diplomática. Colombia, además, protege con reserva legal la información de inteligencia y contrainteligencia, y el reglamento prevé niveles de clasificación y protocolos de confiabilidad para quienes acceden a información clasificada en organismos de inteligencia. No se identificó una regla equivalente que impida al Presidente recibir información reservada por tener doble nacionalidad, pero sí existe un entorno normativo que explica por qué el tema puede ser políticamente sensible.
También hay impactos operativos. La ley vigente dispone que el colombiano con doble nacionalidad, en Colombia, debe identificarse como colombiano en todos sus actos civiles y políticos; adicionalmente, la normativa migratoria exige que el colombiano con doble nacionalidad ingrese, permanezca y salga del territorio nacional con documento colombiano válido. En contexto electoral, eso implica coherencia documental total: cédula, registro civil, pasaporte colombiano y, cuando convenga, certificado de nacionalidad expedido por la Registraduría.
El frente fiscal es probablemente más concreto que el debate de lealtad. La autoridad tributaria estadounidense recuerda que los ciudadanos de EE. UU., aun si viven fuera de ese país, están sujetos al impuesto sobre su renta mundial y pueden tener deberes adicionales de reporte sobre cuentas y activos financieros en el exterior. En Colombia, la DIAN reitera que las personas naturales residentes fiscales tributan por rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera, y que, si poseen activos en el exterior por encima del umbral legal, deben presentar la declaración correspondiente. Por eso, un eventual candidato o funcionario con ciudadanía estadounidense necesita un frente robusto de cumplimiento Colombia–EE. UU..
Riesgo | Naturaleza | Lectura jurídica | Lectura política | Medida mitigante recomendada |
Cuestionamiento sobre la calidad de colombiano por nacimiento | Jurídico | Se resuelve con prueba documental y ausencia de renuncia formal | Puede instalar dudas públicas si hay inconsistencias registrales | Auditoría documental completa: cédula, registro civil, certificado de nacionalidad y revisión de eventuales actos de renuncia o recuperación |
Uso del juramento estadounidense como argumento de “lealtad dividida” | Político | No crea por sí solo inhabilidad en Colombia | Alto potencial comunicacional y mediático | Concepto jurídico público, narrativa de art. 96 CP, y estrategia de transparencia temprana |
Acceso a información reservada o sensible | Jurídico-político | No se identificó barrera presidencial expresa, pero sí reglas severas de reserva en inteligencia | Puede usarse para cuestionar confianza, confidencialidad o conflicto de intereses | Protocolo reforzado de manejo de información, asesoría en seguridad y mensaje de cumplimiento institucional |
Efectos de servir en un gobierno extranjero frente a la ciudadanía de EE. UU. | Jurídico | Posible acto potencialmente expatriador bajo derecho de EE. UU., pero no automático; depende de intención | Puede alimentar presión para aclarar si se conservará o no la ciudadanía estadounidense | Opinión experta de derecho estadounidense antes de la candidatura; decidir y documentar estrategia de conservación o renuncia |
Doble carga tributaria y deberes de reporte | Jurídico-fiscal | Riesgo real de omisiones de cumplimiento en dos sistemas | Puede derivar en desgaste reputacional | Planeación tributaria binacional, revisión de FBAR/Form 8938 y obligaciones DIAN |
Uso incorrecto de documentos en Colombia | Operativo | La ley exige actuar como colombiano en actos civiles y políticos en Colombia | Un error documental puede sobredimensionarse mediáticamente | Unificación documental y protocolo migratorio-electoral interno |
La matriz anterior es una valoración prudencial para gestión de riesgo, no una declaración judicial. Sus soportes normativos y jurisprudenciales son la Constitución, la Ley 2332, la jurisprudencia constitucional sobre doble nacionalidad y confidencialidad, la normativa colombiana de inteligencia y la normativa oficial estadounidense sobre doble nacionalidad, cargo público extranjero y tributación internacional.
Desde el punto de vista operativo, la Registraduría ha indicado que los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia deben acreditar las calidades constitucionales del cargo y, para la inscripción, presentar al menos el formulario E-6, el certificado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, copia de la cédula de ciudadanía y las fotografías exigidas. El manual también distingue entre las modalidades de inscripción por partido con personería jurídica, grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o coalición. Lo relevante para este concepto es que, en la documentación general identificada, no aparece como requisito general una renuncia a la ciudadanía extranjera.
Para un caso de doble nacionalidad colombiana-estadounidense, la buena práctica no consiste solo en “cumplir lo mínimo”, sino en blindar probatoriamente el expediente previo a la inscripción. La cédula prueba la nacionalidad para mayores de edad, pero, si se prevé litigio o controversia mediática, conviene añadir el certificado de nacionalidad de la Registraduría y tener disponible copia auténtica del registro civil de nacimiento. Si existió alguna actuación anterior de renuncia o recuperación de nacionalidad, debe revisarse antes de cualquier paso electoral, porque la Cancillería indica que la renuncia se perfecciona y comprueba con el Acta de Renuncia, y que solo el Acta de Recuperación devuelve la condición de nacional colombiano frente a las autoridades.
El flujo práctico puede resumirse así:
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· Verificación de nacionalidad y ciudadanía: confirmar que el aspirante es colombiano por nacimiento, que su cédula está vigente y que no existe suspensión judicial de la ciudadanía. Si hay antecedentes de renuncia, revisar si ya hubo recuperación.
· Soporte documental reforzado: además de la cédula, obtener certificado de nacionalidad y copia del registro civil de nacimiento, especialmente si el caso puede ser objeto de controversia pública o judicial.
· Certificación de calidades constitucionales: solicitar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la certificación prevista para acompañar la solicitud de inscripción.
· Definición de la modalidad de candidatura: si se acude por partido, se requiere aval; si se acude por grupo significativo de ciudadanos, se requiere certificación de apoyos; si se usa coalición, debe haber acuerdo de coalición y los documentos adicionales aplicables.
· Blindaje binacional previo: antes de anunciar candidatura, obtener concepto especializado en tributación internacional y en nacionalidad estadounidense, pues el ejercicio de un cargo en gobierno extranjero puede tener implicaciones bajo la ley de EE. UU. aun cuando no impida jurídicamente la candidatura en Colombia.
· Evaluación estratégica sobre la ciudadanía estadounidense: jurídicamente no es un requisito colombiano renunciar a ella para inscribirse. Pero, si se considera renunciar por razones de mitigación política, la renuncia a la ciudadanía de EE. UU. tiene consecuencias migratorias y tributarias serias y debe planearse con mucha antelación.
¿El juramento de naturalización estadounidense hace perder la nacionalidad colombiana?
No por sí solo. En Colombia, la nacionalidad no se pierde por adquirir otra nacionalidad, y la renuncia a la nacionalidad colombiana requiere un trámite formal ante Cancillería o consulado, perfeccionado mediante acta.
¿Hay que renunciar a la ciudadanía estadounidense para inscribirse como candidato presidencial?
Con base en las fuentes oficiales revisadas, no aparece una exigencia general de ese tipo en la Constitución ni en el manual de inscripción presidencial. Jurídicamente, la inscripción gira alrededor de las calidades constitucionales y los documentos electorales exigidos.
¿Entonces el juramento estadounidense no importa?
Sí importa, pero más en el plano práctico y político que como inhabilidad automática colombiana. Puede alimentar debates sobre lealtad, seguridad o conflicto de intereses; y, bajo derecho estadounidense, el ejercicio de un cargo en un gobierno extranjero puede abrir un análisis sobre la conservación o renuncia de la ciudadanía de EE. UU. según la intención del titular.
¿Qué pasa si la persona sí renunció formalmente a la nacionalidad colombiana hace años?
En ese escenario, el problema sí es jurídico y serio: la Cancillería indica que, una vez ejecutoriada el Acta de Renuncia, la persona es extranjera frente a las autoridades colombianas. Para aspirar a la Presidencia tendría antes que recuperar la nacionalidad colombiana.
¿La doble nacionalidad afecta el acceso a información reservada?
No se identificó una norma que, por sí sola, impida al Presidente acceder a información clasificada por tener doble nacionalidad. Sin embargo, el sistema colombiano de inteligencia y contrainteligencia sí impone deberes estrictos de reserva y protocolos de confiabilidad en ámbitos sensibles, y por eso el tema puede ser políticamente explotado.
¿Qué documentos conviene tener listos, además de los exigidos para la inscripción?
Además del formulario y la cédula, es recomendable contar con registro civil de nacimiento, certificado de nacionalidad, revisión de eventuales actas de renuncia o recuperación, y un concepto jurídico preventivo. Esto reduce el riesgo de litigio o de narrativas de desinformación.
¿Cambiaría la respuesta si la persona fuera colombiana por adopción?
Sí. Ahí la respuesta sería distinta, porque el artículo 191 exige ser colombiano por nacimiento. En ese caso, la ineligibilidad para la Presidencia provendría del propio texto constitucional, no del hecho de tener ciudadanía estadounidense.
Para clientes de una firma de abogados, la recomendación más útil no es quedarse en el “sí puede” o “no puede”, sino estructurar una estrategia de elegibilidad y riesgo en cuatro frentes: primero, debida diligencia documental sobre nacionalidad por nacimiento, ciudadanía en ejercicio y ausencia de renuncia formal colombiana; segundo, compliance binacional en tributación y nacionalidad estadounidense; tercero, narrativa pública y anticipación de litigios sobre el juramento de naturalización; y cuarto, protocolo de seguridad y manejo de información sensible. Esa preparación no cambia la respuesta jurídica de base, pero sí reduce el costo de disputarla en la práctica.
Si el cliente busca la alternativa de renunciar a la ciudadanía estadounidense como medida de mitigación política, la recomendación profesional debe ser extremadamente cauta: la renuncia de la nacionalidad de EE. UU. exige comparecencia personal y juramento ante autoridad consular estadounidense, puede generar consecuencias de visa para futuros viajes a Estados Unidos y puede activar reglas de expatriation tax y formularios fiscales específicos. Esa decisión es más política que imprescindible desde el punto de vista de la elegibilidad colombiana.
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