Hace un año exactamente se publico en la Editorial EDICIONES NUEVA JURÍDICA en este libro se desarrolla y se resalta el papel desarrollado por la rama judicial en el marco de velar por el cumplimiento de los derechos genera que esta se convierta en dinamizadora y garantista para que los demás órganos del Estado cumplan con sus funciones. Es así como la Acción Popular, reviste de una gran importancia para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos. La Constitución Política (1991) señala en su artículo 88 que las acciones populares buscan “la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.

En la esfera del sistema judicial y su relación con la acción popular se hace importante determinar la legitimidad que tiene el Juez constitucional para incidir en los procesos de toma de decisión de la rama ejecutiva, e identificar cuándo y cómo se produce dicha intervención de cara a la protección de los derechos e intereses colectivos, generando consigo que, dichos elementos justifican la mediación de la rama judicial en los procesos administrativos y mostrarán la dogmática adecuada para que este juez desempeñe el papel de director del proceso. Debido a todo lo anterior es importante preguntar si ¿las decisiones judiciales en el marco de las acciones populares son el mecanismo con el cual se logra un efectivo cambio social?

Sin duda las acciones populares son necesarias para la defensa de los derechos colectivos, sin embargo, las acciones judiciales en el marco de estas no logran un efecto de cambio social, al no ser el mecanismo idóneo para este fin. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar si el mecanismo de la acción popular es el adecuado para generar la protección definitiva, real y efectiva de los derechos e intereses colectivos, o si por el contrario deben ser adelantadas por mecanismos como la política pública, la cual debe ser construida de forma horizontal, incluyente y consensual, para que la administración y el legislativo, asuma correctivos antes de que las decisiones judiciales sean expedidas.

Para analizar de forma concreta y real, si a través de los fallos judiciales se genera un cambio social, este entendido como la variación de las estructuras de la sociedad conformadas por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos culturales, generando una modificación en las conductas, paradigmas y formas de comportamiento, de cara a generar una protección estable y consolidada de los derechos colectivos, de cara al respeto, corresponsabilidad y forma de ver la sociedad a estos derechos, donde se estudiará si el propio falo judicial es capaz de lograr esto o si por el contrario, en nada modifica la forma como se percibe los derechos colectivos, siendo infructífero dicho mecanismo en aras a generar una transformación de la sociedad.

En atención a lo expuesto en precedencia, es necesario advertir que, este libro parte de la premisa de analizar los fallos judiciales como generadores o catalizadores de cambios sociales, no como critica al sistema jurisdiccional, ni mucho menos a la acción popular, sino con el propósito de hacer una revisión constructiva partiendo de la base que el cambio social, supone una modificación positiva cualitativa y cuantitativa en la calidad de vida de las colectividades que es posible por decisión y acción concertadas con instancias ajenas quienes lo promueven e incorporan a su realidad para provecho propio, así al poder analizar la acción popular desde ésta óptica se podrá generar un robustecimiento y una optimización de la misma de cara a redefinir los alcances que se generan al interior de dicha acción constitucional. Por lo que se tiene que, el enfoque de cambio social, es visto desde el desarrollo, el cual constituye en primera instancia un cambio cualitativo, puesto que supone la alteración de ciertos patrones de conducta, individuales, familiares, grupales e institucionales, por efecto de acciones concertadas y planificadas; así como, también a un cambio cuantitativo, porque supone la incorporación a la vida de las comunidades, nuevos bienes y servicios a los que antes no tenían acceso. (Roth, 1993)

Por consiguiente, la investigación se desarrolla con base en el constitucionalismo dialógico, el cual se centra en la interacción, debate, y proceso de disertación incluyente y horizontal, de todos los estamentos del Estado, con el objetivo de generar soluciones de fondo, con mayor legitimidad, mayor aceptación para su implementación y mayor integralidad. Este enfoque buscar incluir las visiones, posturas y soluciones de los diferentes grupos que componen el Estado, la rama legislativa, ejecutiva y judicial, los órganos de control, los partidos políticos, los grupos minoritarios y la ciudadanía involucrada en el problema.

Esta aproximación se propone para mejorar tanto el proceso mismo de la acción popular, así como la reivindicación y protección genérica y abstracta de los derechos colectivos a través de las políticas públicas estructuradas desde la postura dialógica.  

Proponer metodologías de interacción entre los diferentes estamentos del estado, para acompasar las diferentes visiones y posturas que se tienen por parte de todos los órganos, organismos, elementos y organizaciones que componen el estado colombiano, de cara a un progreso y un afianzamiento del estado social y democrático de derecho, resulta ser una de las tareas que se deben desarrollar desde la academia.

La presente investigación del libro está dividida en tres capítulos. En la primera parte, se desarrollará el marco teórico que sustenta el presente trabajo, es decir, se conceptualizará y analizará de forma integral, detallada y extensa la acción popular como mecanismo judicial procesal en defensa de los intereses y derechos colectivos, lo anterior a efecto de establecer si resulta un mecanismo eficaz e idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos.

En la segunda parte se abordará los conceptos teóricos, los cuales se basan en constitucionalismo dialógico, lo anterior estudia la acción popular como proceso deliberativo, el cual se analizará a efectos de complementar la actividad del juez constitucional como director del proceso. Posteriormente, se analizará las políticas públicas, examinando el papel del juez de la acción popular como actor fundamental en la creación de estas, y como inciden en el cambio social.

Finalmente, en la tercera parte se realizará el análisis de los casos, donde se expondrá el estudio de tres acciones populares de alto impacto en ciudad de Bogotá D.C, haciendo énfasis en las actuaciones desplegadas por las entidades distritales para el cumplimiento de las órdenes judiciales. Este estudio tendrá un principal enfoque en la etapa procesal de verificación de cumplimiento, con el fin de establecer de forma práctica si con las decisiones judiciales que profieren los jueces constitucionales en el marco de las acciones populares se realiza un cambio social o si por el contrario el problema persiste, aumenta o disminuye.