Por Jorge Eduardo Carranza Piña | 3 de agosto del 2026
Este informe se construye con información pública, legislación vigente, jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal, documentos oficiales sobre cadena de custodia y medios colombianos. No se tuvo acceso al expediente, a las grabaciones completas de las audiencias, a los informes de necropsia, a los formatos de cadena de custodia, a las órdenes de registro, a las imágenes forenses de los dispositivos ni a las entrevistas formalmente incorporadas a la investigación.
Por ello deben diferenciarse tres niveles:
Nivel de información | Tratamiento correcto |
Decisiones judiciales públicamente reportadas | Pueden describirse como actuaciones procesales: legalización, imputación y medida de aseguramiento. |
Hipótesis expuesta por la Fiscalía | Debe introducirse con expresiones como “según la Fiscalía”, “presuntamente” o “se atribuye”. |
Versiones periodísticas o testimonios indirectos | Requieren corroboración y no deben presentarse como hechos judicialmente probados. |
Los medios coinciden en que María Camila desapareció el 16 de julio, que su cuerpo fue hallado el 20 de julio y que cinco personas fueron capturadas el 30 de julio. También coinciden en que la Fiscalía atribuye una planeación previa, un engaño relacionado con una pañalera, el uso de una motocicleta, una vivienda en La Buitrera o Polvorines, un ataque con arma cortopunzante, la extracción de la bebé, el traslado del cuerpo y actividades posteriores de limpieza y ocultamiento.
La siguiente cronología resume lo que puede sostenerse públicamente, sin convertir la teoría fiscal en verdad procesal:
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La versión publicada por El Colombiano atribuye a Yulieth Cecilia Angulo Escobar la generación de confianza y el transporte de María Camila; a Nitzon Stiven Mondragón Cuero, el ataque y la extracción; a Kevin Alexis López Orozco, la logística, distribución de funciones y garantía de un pago de cuatro millones de pesos; a Juan José Narváez Rodríguez, la conducción del vehículo empleado para trasladar el cuerpo; y a Edwin García Zuluaga, labores de vigilancia y alerta. Son atribuciones provisionales, no declaraciones de responsabilidad.
Según esa misma información, durante los registros se habría encontrado un trapero con sangre y fluidos de la víctima y se habría identificado el vehículo utilizado para movilizar el cuerpo, en cuyo interior también se detectaron rastros biológicos. La existencia del rastro no prueba por sí misma quién lo produjo, cuándo fue depositado, quién conocía su origen o quién intervino en el ocultamiento; esas inferencias dependen de autenticidad, temporalidad, perfiles genéticos, contexto y enlace individual con cada acusado. [9]
Existen contradicciones públicas que CRMLawyers debería destacar metodológicamente, sin explotarlas de manera sensacionalista. Las fuentes han variado respecto de la edad exacta de la víctima, el municipio de algunas capturas, la secuencia entre el ataque y la extracción, el número y naturaleza de las heridas y, sobre todo, si la bebé nació con vida. Esa divergencia demuestra por qué una estrategia seria debe esperar los informes periciales y la acusación formal antes de formular conclusiones categóricas.
Feminicidio agravado. El artículo 104A del Código Penal sanciona a quien cause la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, o cuando concurra alguno de los contextos previstos por la ley. El artículo 104B agrava la conducta, entre otros supuestos, cuando la víctima está embarazada, cuando participan varias personas y cuando concurren situaciones de vulnerabilidad. La Ley 1761 de 2015 creó el feminicidio como delito autónomo y estableció deberes reforzados de investigación.
La Corte Constitucional ha señalado que la autonomía del feminicidio responde a la necesidad de visibilizar la violencia discriminatoria contra las mujeres y distinguirla del homicidio común. La Corte Suprema, por su parte, ha explicado que el ingrediente “por su condición de mujer” no debe reducirse al odio declarado contra todas las mujeres: puede inferirse de un contexto de dominación, sujeción, discriminación o instrumentalización.
Aplicado al caso Potosí, el argumento fiscal más fuerte sería este: María Camila habría sido seleccionada no incidentalmente, sino porque era una mujer con un embarazo avanzado; su capacidad reproductiva habría sido convertida en objeto del plan, y la muerte habría sido funcional a la apropiación de la bebé. Esa relación permite sostener provisionalmente una hipótesis de feminicidio. Pero deben probarse separadamente:
Proposición que debe probarse | Evidencia potencial |
La gestación fue el criterio de selección | Mensajes, búsquedas, seguimiento, relación creada durante controles o programas maternos, testimonios corroborados. |
Existió un plan de apropiación de la bebé | Simulación de embarazo, adquisiciones para recién nacido, conversaciones, búsqueda de lugares, promesas de pago. |
Cada acusado conocía el propósito | Comunicaciones previas, reuniones, instrucciones, presencia coordinada, actos inequívocos y comportamiento posterior. |
El aporte de cada uno fue doloso y relevante | Geolocalización, cámaras, ADN, trazabilidad del vehículo, pagos, herramientas, declaraciones corroboradas. |
El enfoque de género no rebaja el estándar probatorio. La Sala Penal ha advertido que su función es eliminar estereotipos y falsos criterios de racionalidad, no reemplazar la prueba ni permitir condenar por debajo del umbral de más allá de duda razonable.
Secuestro simple agravado. La conducta puede configurarse si se demuestra que María Camila fue arrebatada, sustraída, retenida u ocultada contra su voluntad. El engaño inicial no excluye el secuestro si posteriormente aparece una retención material o una imposibilidad real de abandonar el lugar. La agravación puede derivarse de la condición de gestante, del concurso de varias personas y de las demás circunstancias legalmente aplicables. La Fiscalía deberá delimitar el momento en que una compañía aparentemente voluntaria se convirtió en privación de la libertad.
Desaparición forzada agravada. En Colombia puede ser cometida por particulares, sin que deban pertenecer a un grupo armado. El artículo 165 exige privación de libertad seguida de ocultamiento y falta de información o negativa a reconocer la privación o el paradero; no es necesario que las autoridades hayan formulado previamente un requerimiento expreso. A diferencia del secuestro, protege además la personalidad jurídica, la integridad y el acceso a la protección legal.
Los reportes sobre la audiencia sugieren que la desaparición forzada se atribuyó respecto del ocultamiento de la recién nacida. Esa construcción solo será sostenible si se acredita que:
1. nació viva;
2. adquirió existencia independiente;
3. fue retenida u ocultada;
4. se omitió información sobre su suerte o paradero;
5. cada acusado señalado conocía y quería esa sustracción de la protección jurídica.
Si, por el contrario, se emplea la misma retención de María Camila para formular simultáneamente secuestro y desaparición forzada, el juez deberá decidir si existen fases autónomas o si opera un concurso aparente. La Corte Constitucional distingue ambas figuras: el secuestro se concentra en la libertad personal, mientras la desaparición incorpora ocultamiento y sustracción de la protección legal.
Alteración de elementos materiales probatorios. La limpieza de la vivienda, la movilización de cuerpos, la ocultación de objetos, la eliminación de datos o el cambio deliberado de la escena pueden constituir alteración, destrucción u ocultamiento de elementos materiales probatorios cuando se realizan para impedir su utilización o dificultar el esclarecimiento. La prueba debe mostrar no solo que alguien limpió, condujo o manipuló un objeto, sino que sabía de su relevancia y actuó con finalidad obstructiva.
Este delito es particularmente útil para individualizar aportes posteriores. Una persona que no intervino en el feminicidio podría, en hipótesis, responder por alteración probatoria o favorecimiento si solo prestó ayuda después de consumada la muerte. En cambio, si el traslado y la limpieza estaban incorporados desde el comienzo al plan, esos actos pueden servir como indicios del acuerdo previo, aunque no convierten automáticamente todo aporte posterior en coautoría del delito contra la vida.
Muerte o lesión de la bebé. La investigación debe evitar la presión pública de “escoger” prematuramente un delito. Hay dos escenarios:
Hallazgo forense | Consecuencia penal posible |
Nacimiento con vida y posterior muerte | Homicidio, eventualmente agravado, con análisis individual de causalidad, dolo y participación. |
Nacimiento con vida y supervivencia con daños | Lesiones personales, además de secuestro o desaparición según el comportamiento posterior. |
Muerte antes de adquirir vida independiente, causada sin consentimiento de la gestante | Aborto sin consentimiento, artículo 123. |
Daño fetal que perjudica el desarrollo, sin producir necesariamente la muerte | Lesiones al feto, artículo 125. |
Imposibilidad científica de determinar nacimiento con vida | No puede imponerse homicidio sobre una presunción; debe aplicarse el estándar de duda razonable. |
La Corte Constitucional diferencia la protección jurídica de la vida prenatal de la titularidad plena que se reconoce a la persona nacida. La Corte Suprema ha valorado pruebas como la docimasia pulmonar para establecer si un recién nacido respiró, pero ningún examen aislado debería ser tratado como infalible: debe integrarse con histología, radiología, autopsia, estado de descomposición y contexto clínico.
Autoría, coautoría y determinación. El artículo 29 del Código Penal considera coautores a quienes, mediando acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. La jurisprudencia exige un plan común, reparto de funciones y una contribución significativa; el acuerdo puede ser expreso o inferido de hechos convergentes, pero no puede presumirse a partir de amistades, antecedentes, pertenencia barrial o presencia ocasional.
En el caso concreto, las posibilidades dogmáticas serían:
Rol públicamente atribuido | Calificación posible | Pregunta crítica |
Selección, engaño, transporte y contratación | Coautoría, determinación o autoría según control del plan | ¿Conocía y dirigía la muerte, o pretendía únicamente apropiarse de la bebé sin aceptar el resultado letal? |
Ataque y extracción | Autoría directa o coautoría | ¿Qué actos realizó, cuál fue la causa de muerte y cuál era su conocimiento del plan total? |
Coordinación logística y pago | Coautoría o determinación | ¿La coordinación incluía la muerte o solo actividades periféricas? |
Vigilancia del perímetro | Coautoría si el aporte fue concertado y esencial | ¿Actuó durante la ejecución, conocía el objetivo y podía facilitar o impedir el plan? |
Conducción del cuerpo | Coautoría de delitos permanentes o posteriores, o alteración/favorecimiento | ¿El traslado fue convenido antes del ataque o surgió después de consumada la muerte? |
La expresión mediática “autor intelectual” no reemplaza las categorías legales. Quien induce eficazmente a otro puede ser determinador; quien diseña y controla una parte esencial del plan puede ser coautor; quien solo auxilia después puede responder por otro delito. La responsabilidad es personal y la imputación recíproca entre coautores solo opera una vez probado el acuerdo común.
Medida de aseguramiento. Aunque ya se informó su imposición en establecimiento carcelario, la detención preventiva no equivale a pena ni demuestra culpabilidad. Los artículos 295 y 308 de la Ley 906 exigen excepcionalidad, inferencia razonable de autoría o participación y una finalidad constitucional concreta: evitar obstrucción, proteger a la comunidad o a la víctima, o asegurar comparecencia. La gravedad y repercusión social del caso no bastan por sí solas.
La acusación puede invocar, de manera individualizada, hechos como presunta limpieza de la escena, ocultamiento, concertación y capacidad de interferir en testigos. La defensa debe exigir que el juez explique por qué esos riesgos siguen siendo actuales respecto de cada persona y por qué medidas menos restrictivas resultarían insuficientes.
El caso se decidirá menos por la crudeza de la narración que por la capacidad de construir una secuencia probatoria íntegra. La investigación debería organizarse por hipótesis, no por acumulación indiscriminada de evidencia.
Área pericial | Preguntas que debe responder |
Patología forense de María Camila | Causa, mecanismo y tiempo de muerte; orden de lesiones; estado de conciencia; relación entre heridas, extracción y fallecimiento. |
Patología perinatal | Nacimiento con vida; tiempo de supervivencia; causa de muerte; respiración; circulación posnatal; lesiones intrauterinas y extrauterinas. |
Genética | Correspondencia de sangre, tejidos y fluidos con María Camila y la bebé; mezclas genéticas; transferencia primaria o secundaria. |
Escena | Lugar primario o secundario; patrones de sangre; limpieza; instrumentos; rutas de entrada y salida. |
Vehículos | ADN, fibras, suelo, patrones de transferencia, GPS, cámaras y cronología de desplazamientos. |
Telefonía y datos | Titularidad y uso real de dispositivos; comunicaciones; geolocalización; borrados; búsquedas; sincronización temporal. |
Análisis financiero | Origen, entrega y destinatarios del supuesto pago; efectivo, transferencias, préstamos o compras asociadas. |
Medicina y obstetricia | Edad gestacional, viabilidad, mecanismo de extracción y compatibilidad con conocimientos o instrumentos atribuidos. |
Prueba digital. Una captura de pantalla o un mensaje reenviado tiene valor limitado si no se acredita el dispositivo de origen, la cuenta, el usuario real, la integridad del contenido y el contexto completo. La práctica adecuada comprende incautación legal, aislamiento del equipo, imagen forense, cálculo de hash, registro de software y versión de extracción, conservación del original, identificación de zonas horarias y recuperación de metadatos. La Sala Penal ha reconocido la importancia de la extracción técnica y de la cadena de custodia para demostrar que conversaciones obtenidas de teléfonos no fueron modificadas.
La geolocalización por antenas no sitúa normalmente a una persona en un punto exacto; ubica un dispositivo dentro de un área probable. Por ello debe cruzarse con cámaras, GPS, conexiones Wi-Fi, aplicaciones, registros de movilidad, testigos y comportamiento del aparato. Además, posesión del teléfono y autoría del mensaje no son equivalentes: la Fiscalía debe acreditar quién usaba efectivamente el dispositivo.
Cadena de custodia. Los artículos 254 y siguientes de la Ley 906 regulan la preservación de identidad, estado original, condiciones de recolección, embalaje, envío y custodia. Sin embargo, la Corte Suprema ha explicado que una falla en la cadena no convierte automáticamente la prueba en ilícita ni impone siempre exclusión: normalmente afecta autenticidad, credibilidad o fuerza probatoria. La exclusión corresponde a evidencia obtenida con violación de derechos fundamentales o de requisitos legales esenciales.
La distinción práctica es fundamental:
Problema | Efecto ordinario |
Formato incompleto, diferencia de hora o relevo mal documentado | Debate sobre autenticidad y peso, si todavía puede acreditarse identidad por otros medios. |
Muestra sin sello, mezcla no explicada o imposibilidad de identificar su origen | Puede destruir autenticidad y hacer inviable su valoración. |
Registro domiciliario sin orden válida ni excepción constitucional | Posible prueba ilícita y exclusión. |
Extracción del teléfono sin autorización, consentimiento válido o control judicial exigible | Riesgo de exclusión del contenido y de prueba derivada. |
Manipulación deliberada o sustitución de muestra | Inautenticidad, eventual responsabilidad penal y colapso de la inferencia. |
La defensa debe auditar cada traspaso, fotografía, sello, temperatura, almacenamiento, apertura de embalaje y consumo de muestra. La representación de víctimas o la acusación debe anticipar ese control y no confiar en que la gravedad del caso permitirá superar vacíos técnicos.
Registros y evidencia derivada. Debe verificarse la motivación de las órdenes de allanamiento, su delimitación espacial y material, el plazo de ejecución, el informe posterior y el control judicial. Cuando una evidencia se obtiene vulnerando garantías, la cláusula de exclusión puede extenderse a sus derivados, salvo hipótesis como fuente independiente, descubrimiento inevitable o vínculo suficientemente atenuado.
Declaraciones de coprocesados. Una confesión o señalamiento interesado no puede trasladarse automáticamente contra los demás. Debe examinarse si hubo asesoría, negociación, promesa de beneficio, presión, contradicciones, conocimiento directo y corroboración externa. Una persona puede suministrar información exacta sobre la localización de un cuerpo y ser inexacta o estratégica al distribuir responsabilidades.
Riesgos de nulidad y exclusión. Las áreas de mayor vulnerabilidad son:
Riesgo | Prevención |
Imputación genérica que no individualice hechos | Precisar tiempo, modo, lugar, aporte, conocimiento y delito atribuido a cada persona. |
Cambio sorpresivo de la teoría sobre la bebé | Garantizar comunicación oportuna, congruencia y tiempo para defensa pericial. |
Uso de información reservada filtrada a medios | Separar comunicación institucional del material probatorio y proteger la imparcialidad. |
Identificaciones inducidas o reconocimientos irregulares | Documentar procedimiento, evitar exhibición previa en prensa y preservar contradicción. |
Interrogatorio sin garantías | Verificar condición de indiciado, información de derechos y presencia de defensor. |
Prueba científica presentada como certeza absoluta | Exigir tasas de error, metodología, controles, límites e hipótesis alternativas. |
Acumulación de delitos sobre un mismo hecho | Aplicar especialidad, subsidiariedad, consunción y prohibición de doble valoración. |
No toda irregularidad produce nulidad. Debe demostrarse afectación sustancial de una garantía, trascendencia sobre la defensa o el debido proceso y ausencia de una vía menos extrema de corrección. Pero tampoco puede sanearse una violación constitucional invocando la gravedad del crimen.
No existe, en las fuentes públicas consultadas, un registro nacional específico de homicidios de mujeres gestantes ejecutados para apropiarse del recién nacido. La siguiente tabla reúne los casos colombianos directamente comparables que pudieron verificarse con un grado razonable de precisión. Cuando no se localizó el texto completo de la sentencia en repositorios oficiales abiertos, se indica expresamente.
Caso y fecha | Hechos comparables | Calificación o actuación reportada | Resultado procesal público | Lección para el caso Potosí |
Sandra Yesenia Bernal Díaz, Socorro, Santander — 2 de septiembre de 2016 | Mujer con nueve meses de gestación atraída mediante el engaño de una supuesta “guaca”; extracción de la bebé; ocultamiento del cuerpo; bebé sobreviviente. | Homicidio agravado, secuestro simple y tráfico de menores. | Tras un acuerdo con la Fiscalía, Esilda María Díaz recibió 35 años y Juan Carlos Vega 25 años. No se localizó en acceso abierto el texto íntegro de las sentencias. | Demuestra el valor de cámaras, taxista, ADN en objetos y evidencia de simulación de embarazo. También muestra diferencias históricas de tipificación antes de consolidarse la aplicación del feminicidio autónomo. |
Sandra Johanna Álvarez Solano, Soacha — abril de 2022 | Mujer gestante en situación de calle y alta vulnerabilidad; extracción de la bebé; hipótesis de pago y eventual red de tráfico; bebé sobreviviente. | Los reportes iniciales mencionaron homicidio, secuestro o tráfico de niños; una mujer fue capturada y se buscaba a otros intervinientes. | No se encontró una sentencia definitiva oficial o periodística suficientemente verificable a la fecha de corte; no debe afirmarse una condena sin soporte. | Obliga a investigar vulnerabilidad, selección de la víctima y posible pluralidad organizada, pero sin convertir tempranamente la hipótesis de “red” en hecho probado. |
Luz Neida Betín Baldovino o Valdovino, Sahagún, Córdoba — 17 de mayo de 2023 | Mujer con embarazo avanzado atacada por una amiga que habría simulado embarazo y pretendía apropiarse de la bebé. | Feminicidio agravado y secuestro simple agravado. | El Juzgado Penal del Circuito de Sahagún condenó en marzo de 2025 a Sadith Martínez Bustamante a 34 años, 9 meses y 25 días, después de aceptación de cargos. El texto completo no apareció en un repositorio oficial abierto consultable. [24] | Es el precedente fáctico más cercano: relación de confianza, simulación de embarazo, instrumentalización reproductiva y reconocimiento judicial del feminicidio. |
María Camila Potosí, Cali — 16 de julio de 2026 | Engaño, gestación avanzada, presunta planeación plural, extracción, muerte de la madre y la bebé, transporte y ocultamiento. | Feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de EMP. | Cinco personas judicializadas, sin aceptación de cargos y con medida de aseguramiento. No hay acusación pública completa ni sentencia. | El caso exige separar responsabilidad por muerte, retención, ocultamiento y alteración; además, resolver científicamente el nacimiento con vida. |
Los precedentes jurisprudenciales más útiles para una futura estrategia son:
Providencia | Regla relevante |
Corte Suprema, SP2190-2015, rad. 41457 | Precedente fundamental sobre muerte de una mujer “por el hecho de ser mujer”, anterior a la consolidación del tipo autónomo; destaca dominación, discriminación y contexto. |
Corte Constitucional, C-297 de 2016 | Avala la estructura del feminicidio y explica que los contextos legales permiten revelar el elemento subjetivo, pero no lo sustituyen automáticamente. |
Corte Constitucional, C-539 de 2016 | Reconoce la tipificación autónoma como medida legítima frente a la violencia estructural y discriminatoria contra las mujeres. |
Corte Suprema, SP1597-2024, rad. 57160 | El feminicidio no se reduce a misoginia explícita: incluye instrumentalización y dominación; el elemento subjetivo puede inferirse de contextos probados. |
Corte Suprema, SP3993-2022, rad. 58187 | La perspectiva de género elimina estereotipos, pero no flexibiliza el estándar de prueba ni autoriza aceptación irreflexiva de testimonios. |
Corte Constitucional, C-317 de 2002 | La desaparición forzada puede ser cometida por cualquier particular; basta falta de información sobre el paradero y no se exige requerimiento previo. |
Corte Constitucional, C-580 de 2002 | La desaparición es permanente mientras no se determine la suerte o el paradero de la víctima. |
Corte Suprema, SP2981-2018 | La coautoría exige plan común, división de funciones y trascendencia del aporte dentro de la ejecución. |
Corte Suprema, rad. 25920, 21 de febrero de 2007 | Las fallas de cadena de custodia afectan normalmente autenticidad y mérito, no convierten por sí solas la evidencia en ilícita. |
Corte Suprema, rad. 38047, 14 de noviembre de 2012 | La determinación de nacimiento con vida puede apoyarse en pruebas médico-legales como la docimasia, valoradas integralmente. |
El patrón criminológico de los casos comparables combina simulación o pérdida previa de embarazo, aproximación gradual a una gestante, explotación de confianza o vulnerabilidad, aislamiento, extracción no médica, apropiación del recién nacido y construcción posterior de una falsa maternidad. Este patrón puede orientar líneas investigativas, pero no es una regla de autoría: la similitud con otros casos no prueba que una persona específica haya cometido el hecho actual.
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